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Georgina
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Falta fiscalización cumplimiento sentencias

Soy chilena y estoy radicada desde hace muchos años en Argentina y tengo una hermana,
a la que en el año 1993, mi padre al fallecer le dejó una casa en Ovalle en un muy buen sector, quien adoleciendo de ciertas deficiencias y sin contar con un medio adecuado de subsistencia, acogió a un matrimonio en la vivienda, los cuales pretextando conseguirle una pensión asistencial la llevaron a una Notaría, donde la hicieron firmar una compraventa fraudulenta, la que inscribieron en el Conservador local.
Como a raíz de lo ejecutado los autores de este hecho, empezaron a darle malos tratos para que abandonara la casa, vecinos denunciaron esto realizándose un juicio donde se probó los ilícitos, fue condenada la mujer que inscribió la vivienda y quedó constancia que ello fue facilitado por personal de una Notaria y del Conservador, que con escrituras que no reflejaban la realidad le dieron forma de normalidad y legalidad al delito.
Este juicio terminó en julio del 2006, pero a tres años la casa permanece a nombre de la condenada; por lo que retorné provisoriamente para finiquitar el procedimiento y en la Corporación de Asistencia Judicial se me informa que debo iniciar un nuevo juicio por daños morales para normalizar todo, que ello lleva más o menos cinco años, que debo dejar un poder, etc., y así siguen las tramitaciones, ya que incluso tuve dificultades para obtener copia de la sentencia, la que en 24 horas y por gestión personal, a través de internet, me remitió la Dirección de Comunicaciones el Poder Judicial.
Muchos vecinos me señalaron que los trámites jurídicos en esta ciudad eran difíciles; pero si ya hubo un juicio y condena y se probó la pertenencia de la casa, porque en el Conservador y Notaría que también tuvieron culpa, no se rectifican los documentos; ¿Cuál fue la sanción impuesta a los responsables que en la copia de la condena recibida no aparece?.
Estoy cierta que puedo iniciar un juicio por daños morales, etc., pero ello no quita el derecho previo a ello a exigir la restitución del inmueble a plenitud, con las debidas rectificaciones ante el Conservador de Bienes Raíces, donde jamás debió efectuarse la inscripción que actualmente se mantiene. Saluda Atte. a Ud. GEORGINA DUBO ARIAS. RUN 7.345 .516-2

Eme defraudada (?)
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Es vergonzoso que existan

Comentario: 

Es vergonzoso que existan tantos reclamos por mala administración de justicia y todo siga igual. En el caso del Conservador, al parecer las cosas no se hacen con la acuciosidad que esta delicada función hace necesario, por lo que es justo preguntarse, si cualquier mortal comete una ilegalidad es penalmente sancionado…¿Y los Notarios y Conservadores porque parecen ser inimputables?. Aparentemente en Ovalle ¡NO TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY!.

Carlos Santelices (?)
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Es innegable que en este

Comentario: 

Es innegable que en este caso existieron delitos cometidos por quienm con malas artes adquiró la vivienda, como por parte de personal de la Notaría, lo malo es que al parecer no se han cumplido las sentencias, ya que desconoce cuales fueron o al menos eso se deduce del reclamo.
Recientemente, fui testigo como a una agricultora que reclama malas inscripciones en el Conservador de tierras y acciones de agua de su propiedad, remate de esta, ignorancia de que se hizo con el dinero, etc., se le citó al Tribunal de Garantía ya que la Fiscalía decidió pedir «sobresimiento definitivo» por no existir delitos.
Raro, ya que la Fiscalía debe defender a las víctimas y aquí se suma a al Defensor Público que no siquiera se presentó, lo insólito fue la respuestra del Fiscal al ser consultado que pasó con los millones que arrojó el remate que se ignora su destino…»Yo no estoy para buscar millones», como también el que se presentara sin carpeta, no se presentara la otra parte y se dijera que ella lo acusaba de sobormo, algo muy diferente a lo real. Si el caso estaba en tabla…¿Porque ocurre esto?….Es que que existen personas con privilegios en Ovalle?.

Pedro Cortés (?)
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Los comentarios que se

Comentario: 

Los comentarios que se efectúan son una voz de alerta para que las autoridades, se informen en que están fallando y se arbitren medidas para mejorar la gestión; pero estas muchas veces ingnorándolas continúan fallando, considerando que son injustificadamente atacadas.
Con mi familia nos reunimos con un grupo, teniendo como finalidad dignificar a los reclamantes y reencontrarnos con la justicia, ausente desde hace mucho tiempo en Ovalle y este último tiempo personas ligadas a ciertas candidaturas políticas, se han acercado a ofrecernos solucionaes al por mayor, pero les recordamos que si se hojean los periódicos, se verá que en elecciones pasadas han hecho lo mismo incluso fotografiándose para la prensa y nada ha acontecido.
Lo que se requiere es realmente fiscalizar es que las
inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces sean rectificadas luego de los fallos; que si existen denuncias contra el Conservador Subrogante sean investigadas y no se intente que sean «sobreseidas definitivamente», en una audiencia donde el fiscal encargado de defender a la víctima sea quien lo solicita y se presente sin antecedente alguno a la audiencia; que nunca más un anciano sea imputado como autor de un delito en circunstancias que era la víctima, y así los delincuentes ahora gocen de impunidad; que a las víctimas de negligencias médicas se les escuche y no se les engañe, diciéndole que no pueden acceder a los sumarios de este tipo porque están en Contraloría lo que es falso; que no se aseguré versiones de Carabineros para reforzar su falsas excusas, lo que es inefectivo; que no tengan que recurrir día tras día ante una autoridad para informarse de una autopsia que desautoriza una inicial, enterándose de ella después de dos meses nde recepcionada, etc., ya que solo de este modo se podrá iniciar la recuperación de la confianza en las actuaciones de nuestras autoridades sobre todo en justicia y salud.
Siendo necesario que por último a quienes reclamen por actos que consideran incorrectos o apartados de la legalidad, se les responda, sin acudir a la política del silencio, para proteger a funcionarios públicos que no cumplen con su deber.

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