Tema de foro

1 envío / 0 nuevo (s)
patricio escobar
Imagen de patricio escobar
AUN NO EXISTE RESPUESTA.....

Juan Agustín Figueroa Yávar.

Sr. Figueroa:

Quisiera dirigirme a Ud. como una persona particular: sin fueros, sin títulos, ni cargos. Quiero dirigirme a Ud. como un ser humano, aunque sin la carga excesivamente emocional que se le da a esta expresión. Creo que es la mejor forma que tengo decirle lo que quiero decirle, para no caer en la frase política malhecha, o al interés electoral que cualquier malintencionado quisiera imputarme. Al contrario, creo que aún fuera de la política he sido uno de los defensores más acérrimos de la identidad y de los derechos de los pueblos indígenas de este país. He estado presente en el caso Ralco desde hace diez años. Paralelamente he impulsado la aprobación de Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, proyecto frustrado una y otra vez por la derecha. Conozco la realidad indígena de Chile, y los pueblos originarios me conocen a mi. Por eso me atrevo a decir lo siguiente:

Ud. debe renunciar a la Concertación.

Se preguntará Ud. por qué emito un juicio tan categórico. Respondo: de su deplorable conducta en el caso de los lonkos Aniceto Norín y Pascual Pichún. La mayoría de la gente sabe que ellos han sido condenados por el delito de amenaza terrorista, a la pena de 5 años y un día cada uno.

Al contrario de mi persona, Ud. parece haberse preocupado desde hace muy poco del tema indígena. Es más, a pesar de ser un aparecido en este ámbito, ha osado asumir la extraña calidad de líder de opinión, sólo por haber sufrido el incendio de un fundo, que no daña en mucho su abultado patrimonio. Es así que desde ese «privilegiado» lugar, reconoció en entrevista al Diario El Mercurio, que, a pesar de haber sido Ministro de Agricultura, nunca se había preocupado del tema indígena, y probando la más crasa ignorancia de los modernos estándares de relación entre el Estado y los pueblos indígenas, así como de los derechos humanos de los indígenas, declarados en instancias internacionales archiconocidas, señala que los indígenas deben «reciclarse» a la sociedad mayor.

¿Cómo es posible que Ud. haya proferido estas palabras, si era Ministro de Agricultura durante el gobierno del ex Presidente Aylwin? Creo que no soy quien para recordarle que el ex Presidente Aylwin fue quien firmó, previo a su campaña presidencial el Pacto de Nueva Imperial, que dio lugar a la Ley Indígena. Ud., que pertenecía a su equipo de trabajo, que como Ministro de Agricultura de la época era figura imprescindible para llevar a cabo las políticas que afectaban a una población indígena que, siendo pobre entre los más pobres de este país, se dedica casi exclusivamente a la agricultura, ¡¿cómo es posible que reconozca que no sabe nada de indígenas y que no se preocupó mucho de ellos?!. ¡¿Y cómo es posible que además, pretenda que los indígenas se «reciclen» (?) a la sociedad mayor, si la última vez que se intentó hacer, el hecho recibió el nombre de «genocidio cultural»?! Creo que sus intervenciones han sido del todo inapropiadas, y revelan la profunda ignorancia que Ud. padece sobre el tema indígena. Ello, por cierto, no ocurre por culpa de los indígenas: fue y es su responsabilidad. Es, en suma, una ignorancia inexcusable de su parte. Quizás ello explica, un poco, la intensidad y desproporción de sus actuaciones.

Es justamente lo que pretendo criticar en Ud. Su conducta en el juicio promovido en contra de los lonkos mencionados, ha sido deplorable, inmoral, y desproporcionada. Me explico: Las leyes y los derechos se utilizan con cierto criterio, vale decir, con cierta racionalidad. Por más facultades que a Ud. le entregue la ley, ellas sólo pueden ser utilizadas de manera adecuada, correcta, justa, proporcionada, es decir, con ética. Ud. en cambio, ha utilizado las leyes y los derechos reconocidos por ella con descriterio, de manera irracional, y desproporcionada. Vale decir, las ha utilizado para su fin personal, para dar un martillazo final a sus contendores, sin justicia alguna.

Es algo parecido a lo que hacen algunos abogados sin ética: muestran en juicio lo que no es real, alegan leyes pervirtiendo sus fines, buscan los resquicios más injustos, las vías más aviesas, los resultados más vergonzosos. Creemos que su conducta y su uso de las leyes se acerca plenamente a estas figuras. Si lo que afirmo es cierto, Ud. ha tenido un comportamiento injusto, avieso, y vergonzoso: en suma, anti ético, inmoral.

Me imagino que Ud. conoce bien la teoría del abuso de derecho, cuando una persona hace uso ilegítimo del derecho que le otorga la ley, o la figura del fraude a la ley, que es la utilización de la letra de la ley para pervertir sus fines. También está la teoría del abuso procesal, que sanciona al abogado que dilata o demora el juicio injustificadamente en perjuicio de la contraparte o contendor en el juicio. No me cabe duda que Ud. conoce estas figuras legales, pues es profesor de derecho.

Lejos de una buena aplicación de la ley, creemos que Ud. ha abusado de su derecho, y ha cometido fraude a la ley, no necesariamente en el sentido más técnico jurídico de estos ilícitos, pero sí con una forma de comisión similar, y en directa relación al ejercicio de la profesión de abogado conforme a la Ética. ¿Cómo?

Es relativamente fácil explicarlo, pues se verifica en dos puntos:

1.- Ud. ha cometido abuso de derecho (en el sentido indicado) al aplicar la Ley Antiterrorista.

La Ley Antiterrorista N° 18.314  fue una ley establecida en dictadura. Si bien ha sufrido reformas, sigue siendo una ley muy dura: impone penas altísimas, no admite las medidas de cumplimiento alternativo de la pena que benefician a los condenados por otros delitos, no permite el indulto particular, entre otras dificultades. Pudo haberse presentado querella por el delito de incendio (artículos 474 y ss. del Código Penal), en concurso con el delito de amenazas condicionales (artículos 296 y ss. del mismo Código). Incluso Ud. pudo solicitar y presionar para el Intendente o al Gobernador para presentaran una querella por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. No, Ud. eligió la ley más represiva, la más injusta y desproporcionada para el caso concreto.

Pongamos un ejemplo de lo anterior. Todos saben que ante una huelga, el gobierno puede aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esa es una ley muy dura. El gobierno puede aplicarla, pero no lo hace sino en los casos más graves. ¿Por qué?. Porque las leyes duras se usan con criterio, de manera proporcionada al problema que se enfrenta. Imagínense que el gobierno aplicara esa ley ante las justas demandas de trabjadores que abandonan sus faenas de manera pacífica, pero que paralizan un sector productivo. Puede hacerse, pero no se hace. ¿Por qué? Porque las penas son altísimas, y a veces las conductas que se sancionan tienen una motivación socialmente justa. En suma, porque sería desproporcionado, tal como detener a un niño de tres años con un disparo. Sería un abuso de derecho. Y un abuso de poder.

El que la Ley antiterrorista sea desproporcionada lo muestra dos puntos.

a) El primero se manifiesta en la desmedida e injusta pena aplicada a los lonkos: un huinca que comete un homicidio lo pueden condenar a cinco años y un día, o menos inclusive (3 años, si tiene atenuantes, por lo que puede obtener beneficios extracarcelarios, y cumplir la pena firmando una vez al mes en el tribunal). En el caso de los lonkos, hay un delito de amenazas establecido, con todas las irregularidades que hemos denunciado en su momento, y, sin embargo se le aplican la misma condena que a un delito de homicidio. En el incendio de su fundo no murió nadie. Y los lonkos no fueron condenados por incendio terrorista, sino sólo por amenazas terroristas.

b) Segundo, por que hay justificados motivos para haber utilizado una ley menos represiva que la ley antiterrorista. De hecho, los indígenas no parecen tener una organización «terrorista», en el sentido común del término: no hay ataques suicidas, no hay secuestros de personas, asaltos a bancos para obtener financiamiento, bombas estallando con pérdidas de vidas humanas. No hay muertos en la violencia en el Sur. Curiosamente, el único ha sido un mapuche (Alex Lemún). Claro, esto es distinto a decir que las conductas sancionadas puedan «ajustarse» a la descripción legal del ilícito. Pero si Ud. no se hubiese querellado en virtud de esa ley, el tribunal no la habría utilizado. Por lo tanto, el que el tribunal haya sancionado a los lonkos por delitos terroristas es debido a que Ud. se querelló en virtud de ella. Claro, Ud., Sr. Figueroa, pudiera replicar que la aplicación de la Ley Antiterrorista es necesaria para frenar la violencia en el Sur, que sólo reprimiendo estas conductas con dureza, se podrá solucionar los ataques contra el derecho de propiedad. Mas, los especialistas en el tema opinan que la violencia en el Sur es un fenómeno complejo, con causas culturales, sociales, económicas e históricas, que no se solucionan castigando a unos lonkos de la manera excesiva como se ha hecho. Para nadie es un secreto que las reivindicaciones del movimiento indígena se basa en él reconocimiento de derechos y en la devolución de sus tierras ancestrales. Esto no se soluciona de un día para otro. Como señaló en su reciente visita a Chile, don Rodolfo Stavenhagen, Relator de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU: “La violencia debe ser evitada a toda costa en las luchas sociales, pero la violencia es imputable no sólo a uno, sino que a todos los actores. Cuando un pueblo sufre represión y violencia por parte del Estado, sobretodo por parte de fuerzas militares, paramilitares o policíacas durante años, no debe extrañar ni sorprender que a veces la reacción también pueda ser violenta. Es una forma de contraviolencia frente a lo que -en términos sociológicos- llamamos la violencia estructural de la que han sido víctimas durante tantos siglos los pueblos indígenas en muchas partes del mundo. El problema de la violencia en el marco de la resistencia o de las luchas por los derechos humanos es que no debe ser tratada simplemente como un asunto de derecho penal sino que debe ser enfrentada con mucha tolerancia, entendimiento y apertura por parte de las autoridades y se deben buscar soluciones negociadas, soluciones políticas a problemas sociale s como estos de los derechos humanos”. Sin un tratamiento integral, y sólo reprimiendo, el problema indígena seguirá vivo. Con condenas como esta, la espiral de violencia puede ser más y más grande. Las sentencias dictadas, entonces, no sólo son injustas, pues hacen de los lonkos chivos expiatorios de una problemática nacional, sino que también son ineficientes, pues son medidas de parche para un problema tan complejo como este, de efectos tanto nacionales como internacionales.

Por lo tanto, en atención a lo más arriba expuesto, Ud. ha cometido un abuso del derecho a la acción que otorga nuestra Constitución Política en el artículo 193, pues ha utilizado su derecho sin atender al principio de proporcionalidad que gobierna la interpretación de los derechos constitucionales. Ud., ha violado un derecho fundamental, ha violado el principio pro-reo, y el más mínimo juicio de prudencia jurídica. Ud. no busca justicia, sino venganza. Vale decir, ganar como sea su «batalla personal», no importa lo que cueste. A Ud. no le interesa el Estado de Derecho, ni la justicia, sino su propio interés. No es una víctima de una injusticia. Al contrario, nosotros somos una víctima de sus intereses personales, pues pudiendo haberse satisfecho con la medida justa, apeló a la medida más desproporcionada, no importándole los nefastos efectos de su decisión, que se ciernen no sólo sobre los lonkos, sino sobre todos nosotros, los ciudadanos de este país.

2.- Ud. ha cometido fraude a la ley (en el sentido ya indicado) en la aplicación de la reforma procesal penal. Respecto de ella ha pervertido sus fines y ha arriesgado con ello el éxito de la reforma más emblemática de los gobiernos de la Concertación

Lo anterior se puede ver en la acción de nulidad interpuesta por Ud. para obtener la nulidad de la absolución de los lonkos Norín y Pichún, que finalmente obtuvo. El fallo de nulidad, emitido por la Corte Suprema, dispone que la sentencia de primera instancia anulada fue dictada en infracción a los requisitos formales establecidos en el artículo 342 del nuevo Código Procesal Penal, que dispone que toda sentencia definitiva contendrá: «c) la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieran por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamenten dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297». A su vez, el artículo 297 dispone que «El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando en tal caso las razones que hubiere tenido en cuenta para hacerlo. La valoración de la prueba requerirá el señalamiento del o de los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados…».

A la luz de estos artículos 4 de los 5 ministros de la Corte Suprema, dieron por infringidas estas normas, toda vez que la sentencia omite la consideración de hechos que no se dieron por acreditados en el fallo de primera instancia. Dicen que «la nueva legislación penal ha sido especialmente exigente en orden a imponer a los jueces que conocen y resuelven en definitiva en juicio oral, un trabajo de elaboración meticuloso y cuidadoso en la elaboración de sus sentencias» (considerando tercero).

Vale decir, la sentencia no se pronuncia sobre la inocencia o culpabilidad de los loncos Pichún y Norín, sino sólo sobre los defectos de la sentencia que declara su absolución. Por lo tanto, reemplaza la sentencia de primera instancia sin pronunciarse acerca de la participación de los acusados en los hechos, sometiendo el caso nuevamente al conocimiento de un tribunal de la República, pese a que ya fueron encontrados inocentes, y sólo por vicios formales de la sentencia. Todo ello, acogiendo íntegramente los argumentos con que Ud. solicitó la nulidad del fallo.

Paralelamente, el Ministro Juica, con voto disidente, fundamenta que las normas ya citadas no fueron infringidas, pues de una lectura más fina de los artículos citados textualmente más arriba, la ley exige la mención de tallada de los hechos que se dieren por probados, mientras que los recursos de nulidad reclaman que no se ponderaron correctamente hechos que no se dieron por probados. Ello ya bastaría para desechar el recurso interpuesto contra la sentencia absolutoria. En segundo lugar, dice el Ministro, la sentencia, es verdad, no es un modelo de su género, pero no se ha incurrido en ella en ninguna infracción de ley, toda vez que el legislador, desde nuestro Código de Procedimiento Penal, tal como su proyecto consigna, considera como una «base general y superior a toda demostración jurídica, que la convicción del juez adquirida por los medios de prueba legal es de todo punto indispensable para condenar. Si esa convicción no llega a formarse el juez podrá absolver sin otro fundamento y cualquiera que sean los antecedentes que el proceso arroje contra el reo (…) En cambio para condenar necesita formar su convicción en alguno de los seis medios probatorios que la ley le indica». Este elemento de la ley procedimental penal, fue intensificada aún más en el artículo 340 del nuevo Código Procesal Penal, que exige además, que la convicción de condena se asiente «más allá de toda duda razonable».

Por tanto, dice Juica, para condenar, el juez debe basarse estrictamente en los medios de prueba, y los deberes de fundamentar la condena son de especial intensidad. Al condenar el juez está obligado a ser meticuloso, detallista, majadero en la fundamentación, pues se está arrojando a una persona a la cárcel. Pero al absolver, no ocurre los mismo, pues el juez no está obligado en este caso, a presentar exhaustivamente todas y cada una de las razones que fundamentan su decisión. Por lo tanto, dice el disidente que es fundamental explicar con el máximo de detalles y con valoración absoluta de la prueba en cuanto a la convicción de condena, ya que en esta situación, el Estado debe explicar a través de la jurisdicción que la calidad de inocencia de un imputado ha sucumbido frente a la prueba de cargo (considerando 10), mientras que en el caso fallado «no cabe sino concluir que los jueces del tribunal oral, luego de presenciar el debate publico (…) arribaron a la decisión de absolución, precisamente por que los medios probatorios no fueron bastantes para probar hechos de participación de los acusados, con lo cual necesariamente entraron en la situación de «duda razonable», acerca de la responsabilidad punible de estos, y en este imperativo sólo cabía la absolución…».

Lamentablemente, como sabemos, triunfó la tesis anterior: su tesis. Ud. Sr. Figueroa, conocedor de las debilidades de la reforma, provocó los siguientes efectos en la aplicación de la Reforma Procesal Penal:

Gracias a Ud. los efectos procesales del principio de inocencia ya no existen: ahora debe probarse hasta el último detalle la inocencia de cualquiera. O sea, retrocedimos, gracias a Ud, al anterior sistema: todos somos culpables.

Gracias a su aporte, hoy, sólo con la falta de mención de una prueba de menor importancia, sería suficiente para anular una sentencia. Esto acarrearía una extremada formalización del nuevo proceso penal, que se precia de novedoso, dinámico, y sin las formalidades extremas e innecesarias que se verificaban en el sistema anterior.

Gracias a Ud., la formalización incluso de la sentencia absolutoria atentará contra la duda razonable y la convicción moral absolutoria declarada en nuestro sistema penal nuevo, pues el juez ya no podrá razonablemente exponer sin temor, su convicción a favor de la absolución, si la prueba en contrario aparecería, a cualquier ojo externo, pero ajeno a la tramitación del juicio, suficiente para condenar.

Gracias a Ud., el principio de inmediación (justicia en «manga de camisas») se encuentra gravemente colapsado, pues de nada sirve hoy que el juez estuviese presente en el juicio oral, en pro de lograr una convicción de primera fuente, pues ella actualmente absorbida por la exigencia desmedida y desproporcionada de requisitos de la sentencia, inclusive de la absolutoria. Todo lo anterior, sin perjuicio de que tales sentencias, entrabarán el trabajo del juez, quien desde ahora deberá concentrarse en escribir y escribir cientos de fojas de sentencia, con el temor de que alguna de las partes demande su nulidad ante la Corte.

Como es difícil satisfacer el modelo de sentencia que exige este fallo de la Corte Suprema, la reforma procesal penal peligra en lograr sus fines: desburocratización, rapidez en la acción de la justicia, certeza judicial desde la primera instancia, eliminación los trámites innecesarios y las formalidades desproporcionadas. Todo esto gracias a Ud. y a su «batalla personal»

Con todo ello, no sólo ha traicionado a su propio Partido, cuya Declaración de Principios declara que es “Un partido que cree que la sociedad chilena es una sociedad plural la que, fundada en la libertad, debe asegurar tal diversidad. Un partido que cree en la igualdad de oportunidades y en la erradicación de las discriminaciones de cualquier índole y que defiende el respeto al pensamiento ajeno, así como el derecho a buscar respuestas a todas las inquietudes del espíritu humano”. Cabe recordar que el Partido Radical, tuvo un compromiso favorable con la Reforma, y sus Diputados votaron en favor de la Ley Indígena, sin ánimos de “reciclar” a nadie.

Pero además ha traicionado a la Concertación, pues ella se había comprometido en bloque, tal como lo demuestra su programa, no sólo con la Reforma Procesal Penal, sino también con la solución y desarrollo de los pueblos indígenas. Ud. en cambio, ha fracturado la relación del Estado con las comunidades mapuches, y sentando un mal precedente judicial de aplicación de la Reforma.

Pero no contento con ello, ha traicionado su honor profesional, pues Ud. es profesor de Derecho Procesal en la Universidad de Chile, cuna del pensamiento jurídico nacional, y en tanto que profesor, Ud. ha sido uno de los principales defensores de la reforma procesal. Es su rama del derecho. Es su especialidad profesional. Sin embargo ha utilizado sus resquicios y debilidades (quien sino Ud. puede conocerlas tan bie

Esta carta abierta, fue pública hace un buén tiempo atrás. Creo que es buena recordarla, porque no se ha tenido respunta…..

El autor es el Senador Alejandro Navarro.

patricio escobar

Comentar

Algo sobre Ovallito.cl

Ovallito.cl es un proyecto personal de un ovallino criado en la calle Independencia. Estamos en Internet desde el año 2003, lo que nos convierte en la web ovallina más antigua aún activa.

Columnas destacadas

Campana de oro
Carta a un amor perdido
Aberraciones animales en San Félix
Las ciruelas flotantes de la esperanza
El Piano de la Escuela América
El Diablo en La Capilla
El valor de lo limarino
Viva Huamalata
Spencer Tunick y Yo